GALLARDÓN NO QUIERE QUE LOS DESPEDIDOS PUEDAN RECURRIR EN LOS TRIBUNALES
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, parece dispuesto a impedir, utilizando los medios que sean necesarios, que la ingente cantidad de trabajadores que están siendo expulsados del "mercado laboral" puedan recurrir a los tribunales para intentar arañar algún tipo de compensación.
Para ello, Gallardón ha decidido imponer las tasas judiciales en los recursos laborales, a pesar del criterio del Tribunal Supremo que las anuló el año pasado. Así consta en la redacción del actual proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está en trámite en el Congreso de los Diputados y que fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de las Cortes.
El plazo para la presentación de enmiendas terminará el 25 de marzo. Posteriormente, será la Comisión de Justicia la que apruebe esta reforma, al tener competencia legislativa plena para ellos. Es decir, que ni siquiera tendrá que someterse a exposición en los Plenos del Congreso o del Senado.
Las tasas laborales afectan a los despidos, salarios pendientes, indemnizaciones o las propias reclamaciones de un ciudadano a la Seguridad Social.
Concretamente, el Artículo 2.4 del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que "en el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social". El artículo obvia, sin embargo, la segunda instancia para estas personas.
La segunda instancia en la jurisdicción social está compuesta del llamado recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De esta forma, un trabajador que gane alrededor de 1.200 euros al mes, con una deuda de la empresa de 60.000 euros, pagaría cerca de 224 euros por recurrir al TSJ una sentencia desfavorable, y otros 309 por recurrir al Supremo.
De esta forma, pues, Ruiz-Gallardón vuelve a introducir unas tasas ideadas expresamente para "disuadir" a los ciudadanos con menos recursos de la posibilidad de pleitear para defender los escasos derechos laborales que aún les podrían ser reconocidos por la administración de Justicia.
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