sábado, 26 de agosto de 2017
CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Así
lo refleja el Proyecto de informe sobre las medidas legítimas para la
protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del
interés público, revelan información confidencial sobre empresas y
organismos públicos que ha elaborado la Comisión de Asuntos Jurídicos
del Parlamento Europeo y que se votará el 30 de agosto en la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios. La eurodiputada Virginie Rozière,
ponente del documento, subraya que la creación de este organismo europeo
debería generar "un sistema por niveles que permita que las denuncias
de irregularidades se lleven a cabo tanto dentro como fuera de la
organización". Destaca que, para ello, deberían establecerse
procedimientos claros. En este sentido, apunta que el mandato del
Defensor del Pueblo Europeo podría ampliarse para desempeñar esta
función.
"Con
el fin de proteger mejor a las personas que decidan efectuar una
denuncia, debería estar garantizada la protección de la confidencialidad
e introducirse la inversión de la carga de la prueba", señala Rozière.
"Un apoyo económico y psicológico, así como una indemnización por daños,
permitirían completar el dispositivo, al mismo tiempo que deberían
estar previstas sanciones eficaces contra las personas que pretendan
impedir que el denunciante hable", añade.
Por su parte, la eurodiputada
española Maite Pagazaurtundúa solicita, en este ámbito, el
establecimiento en los países de canales "seguros y legales" que
faciliten la revelación de información sobre amenazas para el interés
público a las autoridades competentes. Además, pide que se armonice a
nivel europeo la protección de estos denunciantes.
"El planeamiento más eficaz a la
hora de garantizar a los denunciantes de irregularidades una verdadera
protección integral sería el de un instrumento legislativo transversal
de la Unión que les brindara protección en los sectores público y
privado y fuese complementado con normas sectoriales", explica. De este
modo, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa exige que se presente antes
de finales de 2017 una propuesta legislativa por la que se defina la
denuncia de irregularidades y se establezcan normas comunes para la
protección de estos denunciantes.
En todo caso, Virginie Rozière
manifiesta en el informe su preocupación por los riesgos a los que se
exponen los denunciantes de irregularidades en su lugar de trabajo y, en
particular, por los riesgos de represalias, directas o indirectas, por
parte del empresario y de las personas que trabajen por cuenta o en
nombre de este último. "Estas represalias se traducen, a menudo, en una
exclusión, una ralentización o una suspensión en la progresión en la
carrera, incluso un despido, así como en situaciones de acoso
psicológico; destaca que estas represalias obstaculizan la actuación de
los denunciantes de irregularidades", concluye la eurodiputada.
Etiquetas:
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