CANARIAS AHORA
Perdonen todos ustedes el susto, pero es que nos hemos visto en la obligación de hacer tal recordatorio 35 años después de tan destacado desenlace al hacerse públicas las cartas que el general de división, jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez García, remitió hace dos meses a la jefa superior de Policía, Concepción de Vega, y la delegada del Gobierno, Carolina Darias. El general Martínez, compungido por la detención y condena por un delito contra la seguridad vial de la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso, tuvo los excelentísimos bemoles de poner negro sobre blanco, en papel oficial de la Guardia Civil, toda una sucesión de despropósitos con olor a incitación al delito, abusos de autoridad y tráficos de influencia que evidencian muy a las claras que, en algunas instancias del Ejército, se sigue actuando con una impunidad altamente preocupante. Todo empezó cuando la esposa del general de la Zona Militar de Canarias circuló durante casi dos kilómetros en dirección contraria por la vieja autovía de Tafira, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. La señora fue detenida por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía con el que por poco colisiona, con el consiguiente peligro para ambos y un tercer automovilista implicado en los hechos.
El inspector de Policía no daba crédito a lo que vio, y mucho menos a lo que está viendo en estos momentos. Aquel día de junio, cuando tuvo este percance con mayúsculo susto, retuvo en el lugar del suceso a la señora quien, visiblemente aturdida por lo que acababa de hacer, se comportó en todo momento muy educadamente.
La esposa del general fue interrogada y puesta en libertad, y a los pocos días, en un juicio rápido, juzgada por un delito contra la seguridad del tráfico. La imputada reconoció los hechos y, con todas las garantías jurídicas (abogado, fiscal, juez...) se mostró conforme con una sentencia que le condenó a cuatro meses de prisión, que no tendrá que cumplir por carecer de antecedentes penales.
Si no fuera porque hemos visto las cartas del general de la Guardia Civil, casi estaríamos por dudar que un mando militar español escriba, firme y sostenga lo que aparece en esas misivas. No contento con demostrar una ignorancia supina de las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los que forma parte, el alto mando llega a quejarse de que fuera detenida y condenada "una persona cuya honradez y buena educación bien conoces, que de ninguna manera se ha merecido el injusto castigo recibido; porque la sanción penal acarreada no sólo no justifica la desproporcionada actuación policial, sino que la agrava".
Lo que pudo haber quedado en un rifirrafe interno, muy frecuentes por otro lado entre Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, ha adquirido unos tintes ciertamente preocupantes al ponerse bruto el general del instituto armado y, a continuación, al promover una querella por detención ilegal contra el inspector de Policía la esposa del alto mando del Ejército de Tierra condenada por conducir en dirección contraria.
A pesar de su gravedad, el asunto se ha mantenido en secreto hasta este mismo domingo, en que La Provincia lo desveló. A ninguna de las partes en presencia, o a casi ninguna, por ser más precisos, interesaba lo más mínimo airear un enfrentamiento tan enconado como el que pudiera derivarse de un incidente así.
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