Qué pretende el Gobierno al permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión

EL ECONOMISTA

El Gobierno pretende recaudar más IRPF al otorgar la posibilidad de compatibilizar el cobro del 100% de la pensión y el mantenimiento del empleo por encima de los 65 años.

Es lo que aseguran los expertos consultados por este periódico, quienes ponen de relieve que el ocupado que opte por esta opción pagará dos veces este tributo, a través de la nómina y a través de la prestación. Además, y pese a que la intención del nuevo Gabinete es la de permitir que quien mantenga el empleo pague únicamente una cotización solidaria del 8%, la retención de ingresos resulta clave en un momento en el que el sistema de la Seguridad Social mantiene un déficit perenne superior a los 17.000 millones de euros.

A pesar de que, en un principio, el propio Ministerio de Empleo reconoce que el alcance de la medida será limitado -apenas 30.900 personas disfrutan ahora del sistema de mantener su trabajo y cobrar el 50% de la pensión-, lo cierto es que hay una enorme bolsa de ocupados con derecho a jubilarse a lo largo de la próxima legislatura. Según proyecciones elaboradas a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 1,2 millones de personas tendrán derecho a demandar una pensión y, en una situación de déficit como la actual, el Ejecutivo sabe que es básico intentar retener ingresos por cotizaciones y otros impuestos como IRPF.

Algo más de 1,2 millones de personas son responsables, hoy por hoy, de ingresos anuales por valor de casi 6.000 millones de euros. Retener una porción de esa cantidad puede resultar clave una vez que el Ejecutivo y el resto de partidos se sienten en el Pacto de Toledo a renegociar la financiación del sistema de la Seguridad Social. Del éxito de medidas como la que ayer mismo planteó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dependerá la dureza final de una reforma que tendrá que perseguir la sostenibilidad financiera del pago de más de 10 millones de prestaciones entre jubilación, incapacidad, orfandad, viudedad y otras modalidades.

En principio, fuentes próximas al Ministerio confirmaron a elEconomista que la intención es mantener un modelo similar al existente actualmente con quienes ya cobran la mitad de su jubilación y trabajan. El 80% de estos trabajadores son autónomos y su cotización va a parar a cubrir eventuales situaciones de incapacidad transitoria, por ejemplo. En el caso de los empleados por cuenta ajena que se acogen a este sistema, el 6% de la cotización solidaria corre a cargo de la empresa y el 2% restante, a cargo del empleado.

Sin embargo, Empleo no concreta, de momento, si mantendrá la denominada cuota de solidaridad en ese 8%. Desde el departamento que dirige, en funciones, la ministra Báñez, se limitan a afirmar que lo que se pretende es ampliar el volumen de beneficiarios de este doble ingreso, sobre los que se exige la única condición de haber cumplido la edad legal de jubilación de 65 años y cuatro meses.

Viabilidad de la medida

A falta de concretar cómo se articulará la compatibilidad de la percepción del total de la pensión con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, y ante la actual sangría de la Seguridad Social, expertos como el director general del IMF Business School, Carlos Martínez, consideran que el sistema "no genera los recursos suficientes" para garantizar la viabilidad de esta medida. "Desde mi punto de vista, actualmente no sería viable que se continuase trabajando sin limitar la cuantía de la prestación, por el coste y por la cuantía de las pensiones que cobran nuestros jubilados", advierte.

Otros, sin embargo, ven en esta iniciativa -retomada ayer por Báñez, pero incluida en el programa electoral del PP de cara a las elecciones generales de diciembre y llevada al Congreso ya en abril del año pasado- un mero "parche" al problema de las pensiones. Es el caso del profesor y coordinador del Departamento de Investigación del IEB, Miguel Ángel Bernal, y del profesor de Finanzas y Banca Juan Fernando Robles, a cuyo juicio la situación de "penuria" que atraviesa el Sistema plantea "muy complejo" llevar a cabo reformas estructurales de calado. La única solución, considera Robles, pasa por aumentar la financiación de las pensiones vía impuestos generales o bien mediante la creación de un tributo específico, como plantean al Pacto de Toledo formaciones políticas como el PSOE o Podemos y como, de hecho, vienen aconsejando ya numerosos analistas, que confían en ésta como la única vía efectiva.

A este respecto, Báñez hizo ayer un llamamiento a "buscar soluciones en común, no solo para mantener, sino para favorecer la sostenibilidad del Sistema". Durante una jornada de reflexión organizada por El Mundo y Expansión en Madrid, la ministra señaló que "consolidar la buena evolución del empleo debe ser la prioridad para afrontar el reto demográfico de los próximos años". No olvidemos que, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años en el año 2066.

Vaciado de la 'hucha'

No en vano, el envejecimiento de la población, unido a la merma de los ingresos por cotizaciones, han puesto en jaque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que, con unos 25.000 millones de euros, y a falta del abono de las pagas extra de esta Navidad -para la que se prevén sacar entre 8.000 millones y 9.000 millones- y del próximo verano, ya fecha su caducidad en diciembre de 2017.

No obstante, aunque esta mal denominada ¿hucha? (obtiene rentabilidad) se agote, los expertos insisten en evitar alarmas: las pensiones no se van a dejar de pagar. "Los jubilados van a cobrar igual", afirma el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, para quien la "única implicación" del vaciamiento del Fondo es "una señal de aviso". Las pensiones de jubilación, dice, se van a seguir abonando, aunque se financien con déficit del Estado. Entonces, lo único que indican los números rojos de la reserva, es que "se acaba el margen para hacer la reforma urgente del Sistema".