La ausencia de concursos favorece a las grandes transportistas de viajeros

EL ECONOMISTA

Muchos gobiernos regionales optan por prorrogar las concesiones existentes, renunciando a reducir déficit.

En pleno debate sobre la necesidad de incrementar la competitividad de los servicios públicos y su calidad, al tiempo que reducir los déficit que arrastran las administraciones autonómicas, muchas de ellas han dejado pasar esta oportunidad aprovechando la finalización de los periodos concesionales de los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera.

De hecho, han optado por prorrogar las concesiones interurbanas frente a la alternativa de convocar concursos públicos, proceso que ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Entre las comunidades que han renunciado a realizar concursos públicos, que además de reducir las tarifas de los servicios habrían contribuido a recortar sus abultados déficit, figuran Aragón, La Rioja, Asturias, Galicia, Valencia, Madrid, Murcia, Extremadura, Canarias y Baleares.

Cataluña se sitúa a la cabeza de este proceso iniciado en 2003, al prorrogar por 25 años concesiones de su competencia, meses antes de celebrarse las elecciones autonómicas que provocaron el cambio de Gobierno.

Negocio cautivo

El mecanismo de ampliación de las concesiones vigentes es similar en la mayoría de los casos: el área o departamento de transportes de cada comunidad, mediante norma autonómica, ha extendido por no menos de diez años -en algunos casos por 20 o más- adjudicaciones procedentes de los años 50 y 60 del siglo pasado y en otros incluso de los años 20 y 30. En 1987, con la promulgación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), fueron convalidadas por 20 años y nuevamente prorrogadas por cinco años en 1997.

De esta forma, aquellas que expiraban en 2012 seguirán vigentes hasta el 2022 como mínimo. Sin duda una excelente noticia para las empresas explotadoras del servicio, que tienen asegurado un negocio cautivo durante los próximos dos lustros, pero malo para los usuarios, que no se beneficiarán de las reducciones de tarifas que se hubiesen producido con los concursos públicos reclamados por la CNC.

Y también negativo para aquellas administraciones autonómicas que han dejado pasar la oportunidad de reducir, a través de los concursos, sus aportaciones presupuestarias para subvencionar los servicios contratados.

En caso de haber optado por la vía de los concursos, más transparente y democrática, como reclama la CNC, las administraciones autonómicas habrían podido reducir las tarifas un 10 por ciento de media, según estimaciones del sector. Este porcentaje aproximado es el que las empresas están obligadas a ofrecer en los concursos públicos para mejorar la oferta existente.

Preocupación de Competencia

Una de las comunidades que han dejado pasar el tren ha sido la de Madrid, en la que conviven 37 empresas adjudicatarias. Tomando como referencia la citada mejora del 10 por ciento, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, sin modificar las tarifas aplicadas a los usuarios, podría haber reducido sus necesidades de recursos para el pago de los servicios que contrata en cerca de 40 millones de euros anuales, que a diez años vista, los que se han prolongado la vida de las concesiones, se habrían transformado en 400 millones de euros.

Son cifras aproximativas, pero que dan idea de la magnitud del valor de los contratos de adjudicación y que ha encrespado los ánimos de la CNC. En uno de los informes hechos públicos a principios de abril, el organismo precisa que, "en general, la preocupación en esta materia [de las comunidades] ha sido la de cerrar el mercado, tratando de eliminar cualquier atisbo de liberalización, aunque viniera impuesta por el cumplimiento de las normas comunitarias".

La concesión de algunas prórrogas ha bordeado los límites de la legalidad, reconocen fuentes de la CNC. De hecho, en muchos casos, las comunidades adelantaron la ampliación de los contratos vigentes para eludir la entrada en vigor, el pasado 3 de diciembre, del Reglamento comunitario, aprobado en 2007, que regula los servicios de transporte de viajeros por carretera.

En los límites de la legalidad

Para la CNC, las prisas demostradas por la mayor parte de las autonomías constituyen "una suerte de fraude de ley" al Reglamento comunitario, que "no contempla la posibilidad de prórroga de las concesiones vigentes y sujeta a condiciones restrictivas la posibilidad de ampliar los plazos concesionales originales de las concesiones licitadas". En España, la LOTT, la legislación estatal, tampoco permite las prórrogas.

La CNC carece de poder sancionador sobre las administraciones, pero sí tiene legitimidad jurídica para recurrir las normas de éstas ante los tribunales. Así, en junio pasado interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el plan de modernización de las concesiones aprobado por la Comunidad Valenciana y, posteriormente, en julio, otro similar contra la Xunta de Galicia.

La CNC ha remitido a la Comisión en Bruselas las normativas de las comunidades autónomas para que se pronuncie sobre su adecuación o no a la normativa europea.