El "CATT" siempre luchando por los derechos de todos los compañeros/as

El "CATT" siempre luchando por los derechos de todos los compañeros/as
El Colectivo Autónomo de Trabajadores del Transporte "CATT" lucha para que los familiares de todos los compañeros/as puedan entran a formar parte de esta gran familia que es Global Salcai Utinsa

¿Dónde está la unidad del Comité de Empresa en Salcai Utinsa?

¿Dónde está la unidad del Comité de Empresa en Salcai Utinsa?
Reglamento del viajero

INFORMA CATT

INFORMA 1/01-2020

INFORMA 1/01-2020

SENTENCIA CONDENATORIA A GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

SENTENCIA CONDENATORIA A GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LISTADO DE TELÉFONOS GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LISTADO DE TELÉFONOS GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

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CANDIDATURA CATT ELECCIONES

CANDIDATURA CATT ELECCIONES

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

JUBILACIÓN PARCIAL

JUBILACIÓN PARCIAL

miércoles, 31 de octubre de 2012

FIRMA DEMANDAS AFILIADOS CATT

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


ÚLTIMO AVISO

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A TODOS LOS

 AFILIADOS AL C.A.T.T.

AMPLIACIÓN DE PLAZO FIRMA DEMANDAS

Que desde el lunes día 5 noviembre de 2012 hasta el jueves día 8 de noviembre, pueden pasar por el despacho de los abogados del CATT, a firmar las demandas pendientes (CAP, Incentivo económico individual, art. 29º ó 44º).

El horario del despacho es de:
09:15 a 13:00 de lunes a viernes
17:15 a 19:30 martes y miércoles

Despacho: C/ Juan de Padilla nº7 – 1º.

Para cualquier información al respecto llamar a los teléfonos:

2217                   2469          2468                  2012                  2255

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de Octubre de 2012

La administración podrá acogerse al procedimiento por causas económicas si su presupuesto cae un 5%.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


CANARIAS AHORA

Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y solo con efectos sobre su personal laboral.

En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.

El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

Plan de recolocación externa

Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

martes, 30 de octubre de 2012

La jurisdicción especial de la Audiencia Nacional, equivalente al antiguo Tribunal de Orden Público de las últimas décadas de la dictadura, tras las diligencias previas emprendidas en abril de este año contra el coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés lo ha encausado formalmente por un delito de CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES CONTRA LA CORONA.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


LA AUDIENCIA NACIONAL PROCESA AL CORONEL MARTÍNEZ INGLÉS POR UN ARTÍCULO PUBLICADO EN CANARIAS SEMANAL


CANARIAS SEMANAL

Nota del coronel Martínez Inglés

La Audiencia Nacional, tras las diligencias previas emprendidas en abril de este año, me encausa formalmente por un delito de CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES CONTRA LA CORONA cuya pena privativa de libertad "no excedería de nueve años de prisión" según la resolución del magistrado-juez ISMAEL MORENO CHAMARRO.

Esto es, por lo menos, lo que "acuerda, manda y firma" el señor Moreno, magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 002 de la AN en la resolución NIG 28079 27 2 2012 0000530 con la que da por finalizadas las diligencias previas abiertas contra mi persona por el artículo periodístico "Por qué te callas", publicado en diferentes medios digitales (el juez solo cita Canarias Semanal), y en la que señala al citado trabajo como constitutivo de un posible delito de "calumnias e injurias graves contra la Corona cuya pena privativa de libertad no excedería de nueve años de prisión".

También ordena el citado juez que "se notifique la resolución a los interesados personalmente y a través de su representación procesal, si la tuviesen, y al Ministerio fiscal, a fin de que en el plazo común de diez días formulen, o bien por escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la Ley o bien soliciten el sobreseimiento de la causa sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación".

 Ayer mismo, 29 de octubre, en relación con lo expresado en el párrafo anterior por el señor juez de la AN pero al margen de su resolución, tuve constancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (el ente jerárquico subordinado al aparato del Estado que, según parece, me ha denunciado ante la AN porque hasta este momento no sé de quien o quienes partió la idea de llevarme a los tribunales pisoteando mi libertad de expresión y mis derechos como ciudadano libre y responsable en un Estado que se reclama de derecho) ha desestimado el archivo de la causa y en estos momentos está buscando afanosamente un abogado que me preste asistencia jurídica y sea capaz de formular el correspondiente escrito de defensa para poder seguir con la presente mascarada pseudo judicial. Tarea ardua, sin duda, para la citada Fiscalía pues es mi intención defenderme yo solito en este mísero caso de acoso político e institucional que, por otra parte, es lo que he hecho siempre desde mi más tierna juventud, incluida una guerra, en la que el enemigo no te bombardeaba con papeles o resoluciones de tribunales especiales de origen franquista (pésimamente redactados, por cierto) sino con proyectiles, obuses y granadas, que podían mandarte ipso facto a las mazmorras de Josafat; no por unos años sino a perpetuidad y sin posibilidad de revisión alguna.

El que esto escribe, escritor e historiador (además de militar profesional que se ha dejado la piel en el pasado por modernizar y democratizar las FAS españolas) lleva casi treinta años investigando y estudiando la figura del todavía rey de España, Juan Carlos I, y casi veinte (el primer libro sobre la impostura del 23-F, lo publiqué en el año 1994) sacando a la luz publica sus errores, engaños, devaneos, golpismos de salón, enriquecimientos sospechosos (recientemente el New York Times se preguntaba por la "opaca fortuna del monarca español"cifrándola en 1.800 millones de euros), corruptelas, aceptación de regalos millonarios… etc, etc,  aunque, por supuesto, el sistema se ha encargado de que mis libros y mis escritos fueran silenciados.

Todas mis investigaciones y descubrimientos sobre la vida del actual jefe del Estado español, tanto las concernientes a su vida institucional como a la privada pero con incidencia en la propia Institución monárquica y en la ciudadanía, las he puesto repetidas veces, desde septiembre de 2005, en conocimiento de las Cortes Generales (el máximo órgano representativo de la soberanía del pueblo y competente para actuar), del Gobierno español y de todas las más altas instituciones del Estado. Con vistas a que el primero de esos organismos pudiera constituir una Comisión de Investigación que  depurara lo que, sin ninguna duda, podían ser graves delitos cometidos por el rey Juan Carlos I. A pesar de que el presidente del Congreso acusó recibo de alguna de esas denuncias la realidad es que un tupido velo, revestido de inviolabilidad constitucional, ha impedido una y otra vez que el pueblo español conociera la verdad sobre su rey.

Ahora, en 2012, dieciocho años después de mis primeras denuncias en libros y artículos periodísticos que nunca la justicia española se ha dignado investigar, a la Fiscalía de ese anómalo y antidemocrático tribunal que se denomina Audiencia Nacional (heredero de aquél nefasto Tribunal de Orden Público franquista) se le ocurre la peregrina idea de abrir la caja de los truenos jurídica, o la de Pandora, o allanar el campo de Agramante  (con toda seguridad alentada por un PP borracho de poder cuando decidió tamaña insensatez, recién ganada una mayoría absoluta que le está sirviendo para muy poco) para intentar asustar (esta gente es que es torpe hasta la extenuación, no saben con quien se juegan los cuartos) a este modesto historiador militar que lo único que ha hecho en su ya dilatada trayectoria profesional es contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la desvergonzada y ya caduca personalidad del rey Juan Carlos I. Un monarca que, como colofón a todas sus perrerías institucionales y privadas (golpes de Estado de salón, terrorismo de Estado, corrupción generalizada, enriquecimiento sospechoso, vida licenciosa, aventuras extramaritales públicas…etc, etc) se vio obligado a pedir perdón público a sus asombrados y pacientes súbditos en abril de este año de gracia (la suya) de 2012.

Que no le quepa la menor duda a la Audiencia Nacional (y con ella al Ministerio Fiscal manejado por el PP) que el profesional de las armas y de las letras que escribe las presentes líneas, se va a defender de esta ridícula acusación de calumnias e injurias contra la corona (no hay calumnias ni injurias que valgan cuando se trata de la verdad) con uñas y dientes. O, como chocheó el divino rey del que estamos hablando (que procrea a destajo y luego presuntamente abandona en el arroyo a sus hijos bastardos) en su último viaje de placer/trabajo a la India: "con un puñal en la boca". Pues en la vista oral que se celebrará cuando la AN quiera (a mi me da igual la fecha, estoy preparado ya para el circo mediático consiguiente) pienso defenderme hablando (y exigiendo que otros hablen también) por los codos y sin pelos en la lengua. Como siempre he hecho y quizá un poquito más. Pero no del artículo periodístico objeto de la denuncia (yo al redactarlo sólo actué de mensajero de la impudicia) sino de los presuntos (todavía) delitos del rey Juan Carlos. Y cada palo, amigos, incluidas la  topoderosa Audiencia Nacional y la perruna Fiscalía adyacente, que aguante su vela…

 Fdo: Amadeo Martínez Inglés
  Coronel. Escritor. Historiador.

lunes, 29 de octubre de 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado, con fecha de 25 de octubre de 2012, un fallo en el que se confirma la legalidad de un despido colectivo por causas económicas acordado por el alcalde del Ayuntamiento de Estepona, desestimándose todos los motivos alegados por la representación de los trabajadores.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


Los jueces ya amparan los despidos colectivos en ayuntamientos


EL ECONOMISTA

Los requisitos que debe cumplir un Ayuntamiento para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecte a su personal, en el marco de la reforma laboral, empiezan a perfilarse a través de la jurisprudencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado, con fecha de 25 de octubre de 2012, un fallo en el que se confirma la legalidad de un despido colectivo por causas económicas acordado por el alcalde del Ayuntamiento de Estepona, desestimándose todos los motivos alegados por la representación de los trabajadores.
El debate gira, entre otros puntos, en torno a la existencia o no de tales causas económicas, partiendo de la base de que, hasta la reforma laboral, el Ayuntamiento no podía conocer que "el despido colectivo era legalmente posible en esa corporación".
El marco jurídico en que se mueve la sentencia se encuentra en la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores (ET), introducida por el Real Decreto Ley 3/2012, que prevé el despido por causas económicas en los ayuntamientos, de acuerdo con los artículos 51 y 52 del ET. En concreto, se considera que concurren causas económicas cuando se produzca "una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente" de estas instituciones, entendiendo que ello ocurre cuando se produzca durante un total de tres trimestres consecutivos.
Partiendo de esta definición, el sindicato consideró que el estado de insolvencia no fue sobrevenido, algo que niega el Tribunal, que entendió en su fallo que basta con que concurran circunstancias que "no fueron tomadas en cuenta cuando se aprobó el presupuesto", lo que ocurre en este caso.

ERE para pagar deudas

La sentencia considera "sobrevenido" el hecho de que el Ayuntamiento aprobara un Plan de Ajuste Económico, en el que éste se comprometió a rebajar seis millones de euros anuales en el capítulo de gastos de personal.
Es más, la aprobación de planes de ajuste (posibilidad que permite el Real Decreto 4/2012, que establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales) por parte de los ayuntamientos no es, en contra de lo que sostienen "algunos letradados", una "decisión potestativa", sino que los ayuntamientos vienen obligados a abonar las deudas a sus proveedores y, por ende, a la aprobación de dichos planes como instrumento.
El fallo también declara que el alcalde tiene competencia funcional para adoptar el ERE, aunque debe informar al Pleno. Además, la sentencia considera que concurren causas organizativas dado el "sobredimensionamiento de la plantilla de personal laboral". En total, los gastos en empleados suponían el 57 por ciento de los ingresos del Ayuntamiento.

37.000 parados más en un sólo año y las peores perspectivas de futuro.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


EL DESEMPLEO ROMPE RÉCORDS EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO


CANARIAS SEMANAL

La Encuesta de Población Activa (EPA), hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística el pasado viernes, ha venido a confirmar las peores expectativas con respecto al Archipiélago canario. La economía de las Islas, lejos de mejorar, parece haber entrado definitivamente en barrena. En los últimos doce meses se han destruido otros 37.000 empleos - 1.600 en el último trimestre- y la tasa de desempleo alcanza ya el 33,63 %. La más alta desde que se efectúa su registro.

   Junto al estancamiento económico, el efecto de la última contrarreforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Marino Rajoy ha sido devastador. Desde su aprobación, Canarias ha registrado un total de 441 Expedientes de Regulación de Empleo, un 47,58% más que en el mismo periodo del pasado año. Solo en agosto se contabilizaron 62 EREs, que afectaron a 647 trabajadores.

   Desde el cierre del tercer trimestre de 2011, las islas han sumado 50.000 desempleados más, y  ya son un total de 378.200 en todo el Archipiélago. La cifra de personas ocupadas ha caído en un 4,7 % en este periodo y se sitúa en los 746.300 trabajadores. Otro dato significativo en Canarias es que 116.800 de sus parados llevan dos años o más en esa situación. Es decir, son desempleados de larga duración, cuyas posibilidades de reincorporarse al mercado de trabajo son cada día más escasas.

   Sin embargo, aún peor que las cifras de la EPA son las perspectivas de futuro. En las Islas no solo no se esperan mejorías, sino que el 2013 - según los analistas económicos- podría convertirse en el peor año desde el comienzo de la crisis.


LOS DESEMPLEADOS DE TODO EL ESTADO SE ACERCAN A LOS SEIS MILLONES 

   Aunque los datos del desempleo en Canarias resultan especialmente dramáticos, solamente Andalucía presenta una mayor tasa de paro, la situación en todo el Estado se encuentra marcada por la misma tendencia.  El paro afecta ya, según la EPA, a uno de cada cuatro ciudadanos en edad de trabajar. Y el número de desempleados ha llegado ya a la cifra de 5,7 millones, acercándose peligrosamente a la barrera de los 6 millones.  

   Andalucía es la comunidad autónoma con más desempleo, con una tasa del 35,42%, seguida de cerca por el Archpiélago canario. En el lado opuesto,  las regiones con menos paro, por debajo del 20 %,  son Navarra, País Vasco, Madrid, Aragón y Castilla León.

domingo, 28 de octubre de 2012

Los municipios incrementan hasta un 10% los recibos del IBI en base al decreto aprobado por Rajoy.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


Quince ayuntamientos de la Isla suben la contribución




Quince de los veintiún ayuntamientos de Gran Canaria han aprovechado el decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para elevar este año el recibo de la contribución urbana y remendar así las cuentas. Además, el conocido ya como decretazo permite a los municipios volver a incrementar este tributo en 2013 para estabilizar sus presupuestos. Unos 148,5 millones de euros prevén recaudar este año los ayuntamientos de Gran Canaria aunque los ediles de Hacienda matizan que con la crisis económica sólo cobrarán un 80% por la vía voluntaria.

Los vecinos que van a tener que hacer frente a una subida del 10% en los recibos son los de Agüimes, Artenara, Gáldar, Mogán, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Valsequillo, Valleseco, San Mateo. Este incremento lo justifica el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre en base a que estas localidades aprobaron la última revisión catastral antes de 2002. En base a la misma normativa Firgas y Santa Brígida verán incrementado el impuesto en un 6%, ya que en este caso la ponencia de valores se actualizó entre 2002 y 204. En Ingenio, Guía y Telde la subida de la contribución urbana registra una alza del 4% ya que en estos municipios el catastro se cambió entre 2008 y 2011. Por contra, quedan exentos del incremento, por haber revisado el catastro o el valor de los inmuebles entre 2005 y 2007, los municipios Agaete, Arucas Moya, La Aldea de San Nicolás, Teror y Tejeda.

El Impuesto de la Contribución (IBI) se ha convertido, tras la parálisis de la construcción, en el principal sustento de las corporaciones municipales. Al desaparecer esas inyecciones de dinero que generaban las licencias urbanísticas, a los ayuntamientos no les queda otra opción que tirar de la contribución urbana. Esta situación la conocen bien en San Bartolomé de Tirajana donde los ingresos previstos para ese año, unos 26,7 millones de euros, suponen casi la mitad del presupuesto que se dibujó para este ejercicio. La cantidad prevista en el primer municipio turístico de la Isla supone incluso unos 6 millones más que los recaudados en 2011.

 Los recibos que se pagan en este municipio pueden variar de los 300 euros por una vivienda en San Fernando de Maspalomas a los 1.000 euros por un dúplex o chalet en la zona residencial de Sonneland. Pero los que más pagan en este municipio son los hoteles, que lo hacen por unidad alojativa y en periodos semestrales. Unos 60.000 euros le cuesta a un hotel de Playa del Inglés de 150 habitaciones la contribución urbana. El recibo sale a 200 euros por habitación.

Segunda subida en la capital

Al igual que San Bartolomé de Tirajana, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también lleva varios mandatos echando manos del IBI para cuadrar la caja. Unos 73,4 millones de euros prevé ingresar el grupo de gobierno de la capital grancanaria por este impuesto en 2011, sin duda la recaudación más cuantiosa de la Isla ya que se trata del municipio con más habitantes. Las familias de la capital grancanaria tendrán que soportar la segunda subida de la contribución urbana que se produce en dos años.

En el mandato del socialista Jerónimo Saavedra, la ciudad hizo frente un aumento del 28,84% y ahora este año les toca pagar otro 10% más por sus viviendas, garajes o locales. Aunque la subida media es de 30 euros, las alzas más notorias las soportarán los residentes en la calle Mesa y López, que deberán pagar hasta 80 euros más. También en el barrio de la Minilla, donde una casa que abonó el pasado año 669,26 euros debe hacer frente a un recibo ahora de 736,18 euros, lo que supone un desembolso de 67 euros más.

Respecto a Telde, donde los residentes también han visto como el IBI ha llegado a sus buzones o directamente a sus cuentas corrientes con un 10% de subida, una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de La Herradura, que el pasado año abonaba 176 euros pasa a pagar unos 28 euros más. Para el grupo de gobierno de Telde el cobro del IBI, dado que no hay liquidez ni para pagar la gasolina a los coches de la policía, va a suponer un alivio momentáneo.

En Santa Brígida que el ayuntamiento calcula ingresar 3 millones de euros y donde se concentran muchos chalets y urbanizaciones residenciales el pago de la contribución supone un buen sablazo. Un chalet unifamiliar, ubicado cerca del casco, que pagaba 1.000 euros el pasado año ahora debe hacer frente a unos 1.100 euros.
También en San Mateo, donde la contribución se eleva igualmente en un 10%, se han llevado el mismo impacto los contribuyentes porque de pagar 200 euros por una casa ahora tienen que desembolsar unos 30 euros más este año.

En Santa Lucía de Tirajana el alcalde, Silverio Matos, justifica que el 10% de aumento del IBI se debe a que desde hace diez años que no se tocaba la contribución urbana. Con todo, admitió que sabe que muchas familias pueden tener problemas para abonar el impuesto. En Vecindario , uno de los núcleos con más población de Santa Lucía un piso que tributaba por IBI unos 210 euros al año con esta revisión va a tener que pagar 240 euros.

Tampoco en Teror el recibo de este impuesto ha sido bien recibido por los vecinos. Aunque en base al decreto de Rajoy, el municipio está exento del incremento por haber revisado el catastro entre 2005 y 2007 sin embargo, los vecinos han visto como la cuantía del recibo se ha elevado.

Tal es así, que este periódico o pudo comprobar como una familia con una casa de unos 170 metros, repartidos en dos plantas, que venía abonando 660 euros debe hacer frente este año 720 euros, es decir, 80 euros de un plumazo.

En Arucas, también exenta según el decretazo, el IBI también sube. Una casa de 78 metros cuadrados con un recibo de 300,29 euros en 2011 debe pagar este año 329 euros. Pero en este municipio, según los vecinos, este impuesto lleva subiendo de forma continuada. La misma familia pagaba 278, 54 en 2010 mientras que en 2007 abonaba unos 155 euros.

sábado, 27 de octubre de 2012

El informe se adopta en relación con proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


NEXOBUS.com 

Los cambios experimentados por el mercado de transporte terrestre de viajeros y mercancías, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea, han aconsejado llevar a cabo una revisión completa del contenido de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).  


En el anteproyecto de Ley por la que se modifica la LOTT, destaca la nueva concepción, ajustada al Derecho Comunitario, de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera, que ahora pasan a denominarse como contrato de gestión de servicios públicos en lugar de como concesión.

 En este ámbito destaca también la nueva redacción del régimen económico, de las tarifas y de las obligaciones de servicio público para el transporte de viajeros.

Coincide con este objetivo ajustar la regulación de la LOTT, con la modificación, entre otras cuestiones, del régimen de autorizaciones para operar en el mercado.

En el ámbito del transporte público interurbano general y regular, el principal, y crucial elemento de intervención pública en el mercado, lo constituye la configuración de esta modalidad como servicio público y el sometimiento del acceso a la actividad a una competencia. También en este ámbito la CNC ha comentado reiteradamente las graves implicaciones para la competencia que se han derivado de la regulación y de la actividad administrativa, tanto desde el punto de vista estatal como autonómico. 

Formas de mejorar la competencia

Para favorecer la competencia se deberían de fijar una serie de características como facilitar toda la información sobre la estructura del servicio y de los costes, exigir una contabilidad separada por línea, no obligar a los adjudicatarios a asumir costes soportados por el contratista anterior, eliminar toda preferencia injustificada en la renovación de un contrato, evitar las prorrogas y en caso de líneas deficitarias establecer una compensación al adjudicatario por obligaciones de servicio público.

Se recomienda el cambio en varios de los artículos de dicha Ley, puesto que perjudican al adjudicatario del transporte público urbano y entre otros, se recomienda eliminar el apartado k) del artículo 73.2, por el cual se establece la posibilidad de cobrar un canon por parte de la Administración a la empresa de transportes de viajeros.

viernes, 26 de octubre de 2012

El precio del combustible es el principal componente de la estructura de costes de una empresa de autobuses.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


NEXOBÚS

Las empresas de transporte de viajeros en autobús reclaman una "revisión urgente y extraordinaria" del precio del billete, con el fin de atajar el "déficit de tarifa" de diez puntos porcentuales que aseguran acumular. Reclaman medidas fiscales al coche privado para no desincentivar el uso de transporte público pese a la subida de precios.

Esté déficit deriva de la diferencia entre la subida que vienen registrando en los últimos años sus costes frente al menor aumento que ha experimentado el precio de los billetes, según el barómetro del sector elaborado por las patronales Asintra y Fenebús con la colaboración de AFI, ha informado Europa Press. 

En el caso de los servicios de tráfico interurbano, según el estudio, los costes de la empresa acumulan un encarecimiento del 15,1%, mientras que la subida del billetes ha sido del 11,4%.

Del lado de los costes, el grueso de la subida proviene de las subidas del precio del combustible, principal componente de la estructura de costes de una empresa de autobuses, y que ha aumentado un 14,4% en lo que va de año y un 44,8% desde enero de 2010. En cuanto a los ingresos, el informe indica que al déficit de tarifa habría que añadir el "déficit derivado de la caída de la demanda".

Según sus datos, en lo que va de año los autobuses interurbanos han perdido 2,4 millones de viajeros, dado que el número de usuarios ha disminuido un 0,5% respecto a un año antes. De esta forma, desde el inicio de la crisis la perdida se eleva a 27,3 millones de pasajeros (un descenso del 5,8%). El barómetro apunta que las malas perspectivas de crecimiento económico para 2013 "no permiten augurar crecimientos sustanciales y sostenidos del número de viajeros que deriven en aumentos de ingresos suficientes a las empresas para seguir manteniendo subidas de tarifas inferiores a los aumentos de costes sin que ello ponga en peligro su equilibrio económico".

"Por ello, es urgente una revisión extraordinaria de las tarifas que permita la corrección de este creciente desequilibrio económico, y que garantice en el corto y medio plazo la provisión de unos servicios de movilidad esenciales para la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y con una creciente calidad", asegura el estudio.

El retraso en el pago de las recetas por parte del Gobierno ahoga a la botica, que va a concurso de acreedores.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


El retraso en el pago de las recetas por parte del Gobierno de Canarias a las farmacias del Archipiélago se ha cobrado su primera víctima. Una botica situada en Telde se ha declarado voluntariamente en concurso de acreedores al verse asfixiada por las deudas y los pagos a sus acreedores y no contar con el dinero suficiente para solventar la situación.

La Consejería de Sanidad debía hasta esta semana 100 millones de euros a las farmacias por las facturas de junio, julio y agosto, aunque anteayer, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González, anunció que ya se habían pagado 32 millones de euros y que antes de final de mes se abonarían otros 30 millones más.

Sin embargo, el pago llega tarde. Una farmacia teldense se declaró la semana pasada en suspensión de pagos y se convirtió en la primera en todo el Archipiélago en hacerlo por los impagos del Ejecutivo canario, el recorte en el margen de beneficio de los medicamentos y, en definidas cuentas, por la crisis.

Según confirmaron desde el despacho Coello Abogados, que representa a la concursada, la farmacéutica que ha entrado en concurso "no puede pagar a la Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca), a la española (Cofares), a sus tres empleados, el alquiler del lugar donde se ubica la botica y la licencia farmacéutica entre otros gastos".

Desde el despacho jurídico, cuyos miembros forman parte de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), advierten de una "cascada" de boticas en concurso si Sanidad "no paga" lo que debe a las farmacias jóvenes.

El perfil de empresarios del sector que se verán abocados a la suspensión de pagos es el de "los farmacéuticos jóvenes que han invertido todo su patrimonio en los últimos años en construir su primera botica". En el caso de la farmacia afectada en Telde, a la que el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ya le busca un administrador concursal, se estableció hace casi una década en dicho municipio, y "tiene un descubierto de un millón de euros", precisaron fuentes judiciales.

El colectivo tiene una característica especial. "No hay que olvidar que el farmacéutico tiene prohibido constituir sociedades, es decir, es autónomo, por lo que accede al concurso como una persona física y no como una jurídica, por lo que va con todas sus posesiones y se hace más complejo", concluyeron desde Colegio de Abogados.

CONSEJO DE MINISTROS - La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará un informe para reconfigurar la jubilación parcial.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


El Ejecutivo estudia cómo limitar la jubilación parcial y anticipada


EL ECONOMISTA

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará previsiblemente en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes un informe en el que se apuntarán posibles fórmulas para reconfigurar la jubilación parcial y la anticipada. El objetivo, reducir costes de la Seguridad Social.
Tras su paso por el Consejo de Ministros este trabajo, que las mismas fuentes calificaron de "acercamiento", será presentado en la Comisión del Pacto de Toledo, que podría reunirse la próxima semana.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que la figura de la jubilación parcial no está cumpliendo su función originaria de transmisión de conocimientos y en la práctica se ha utilizado exclusivamente como "una forma privilegiada de jubilación anticipada" en la que los costes son asumidos por la Seguridad Social.
Según datos de la Seguridad Social, el sistema sostiene a 121.000 personas jubiladas de forma parcial, con una pensión media de 1.585,5 euros, lo que supone un gasto de 2.704 millones de euros.
Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad Social también ha puesto de manifiesto que casi una de cada dos jubilaciones tiene carácter anticipado.
Con estas cifras en la mano, Burgos indicó en la última rueda de prensa del paro que es preciso "reducir numéricamente el impacto de las jubilaciones anticipadas y cualitativamente el de la jubilación parcial". Si bien, dejó claro que las modificaciones que se introduzcan en ambas figuras "no se configurarán como recortes, sino como una reconfiguración".
"Se trata de generar una cultura de continuidad en la actividad", indicó, para añadir que los cambios que se introduzca irán ligados a otros como la posible compatibilidad entre salarios y pensión, y dejar claro que, en cualquier caso, "es muy difícil conseguir un impacto inmediato".

Eliminar duplicidades

Asimismo, el Consejo de Ministros analizará un informe de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para la creación de un grupo de trabajo que, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ponga en marcha los acuerdos alcanzados en la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada el 2 de octubre en el Senado.
Dos de los objetivos de ese grupo de trabajo pasan por llevar a cabo una simplificación administrativa y poner fin a las duplicidades que existen en algunas materias entre Gobierno central, comunidades autónomas y entes locales.

jueves, 25 de octubre de 2012

7 PELIGROS A LA VIRTUD HUMANA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


El Frente Sindical llama a participar al conjunto de la sociedad isleña.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


14N: HUELGA GENERAL, POPULAR Y DE CONSUMO EN CANARIAS


CANARIAS SEMANAL

Las centrales sindicales canarias, constituidas en un frente unitario, junto con movimientos sociales y estudiantiles, han convocado la Huelga General en Canarias para el próximo miércoles 14 de Noviembre. 

La misma fecha de la convocatoria realizada en todo el Estado por los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., y las 150 organizaciones que integran la Cumbre Social, en el marco de la jornada europea de protestas.

   El frente unitario -en el que se agrupan tanto estas centrales mayoritarias como las organizaciones sindicales alternativa del Archipiélago - plantea el paro general como una "Huelga Popular, social y de consumo". Por ello realizan un llamamiento a la participación en la jornada del 14N "a trabajadores y trabajadoras, en activo y desempleados, a pensionistas y jubilados, a afectados por los desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven actualmente en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria afectada por los recortes y reformas sucesivos".

   "La Huelga del 14 de Noviembre  -afirman -  se convoca contra las políticas del Gobierno español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el Gobierno de Canarias, formado por CC y PSOE".

   Los sindicatos integrados en este frente exigen la retirada de las distintas reformas y recortes impuestos por el Ejecutivo central.

   "La reforma laboral -dicen- porque genera destrucción de empleo y abaratamiento de los despidos; la reforma fiscal  porque se aplica a las capas populares de la sociedad mientras realiza amnistías fiscales y sigue propiciando el fraude fiscal a gran escala; la reforma financiera  porque pretende solucionar la deuda de los bancos con dinero público sin caminar hacia la nacionalización de la banca; la reforma judicial porque  plantea incrementar el miedo y la represión así como recortar derechos y libertades como en el caso del aborto; la reforma de las administraciones públicas porque intenta adelgazar los servicios públicos propiciando miles de despidos y deteriorando las condiciones de trabajo de los empleados públicos; la reforma sanitaria que intenta empeorar el servicio de salud y ahondar más en la privatización; la reforma educativa porque plantea un sistema de filtros y medidas mercantilistas segregando e impidiendo el acceso de los sectores más desfavorecidos; la reforma del modelo de Estado porque persigue la recentralización  alejando el poder del control ciudadano".

   Del mismo modo reclaman que se derogue reforma del artículo 135 de la Constitución, que  "favorece el pago de la deuda a entidades financieras internacionales antes que atender a los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales de la población".

   "Todas estas reformas - añaden desde el Frente Sindical Unitario - buscan conformar un nuevo modelo político, social y económico, donde primen los intereses de las clases dominantes sobre los del conjunto de la clase trabajadora, a la que se le recortan derechos y libertades".

   Las organizaciones sindicales se manifiestan, igualmente, en contra "de la doble pérdida de soberanía que significa para Canarias, tanto el rescate financiero pagado a nivel estatal por todos los contribuyentes, como el rescate solicitado por Paulino Rivero, porque significarán más recortes en los servicios públicos en Canarias"

   Finalmente el Frente Unitario expresa su intención de apoyar la marea blanca de la sanidad en Tenerife, que tendrá lugar el 30 de octubre, de realizar una "jornada de lucha" el 31 de octubre y celebrar asambleas conjuntas del movimiento estudiantil y los movimientos sociales el miércoles 7 de noviembre.